Queremos compartir con los lectores del blog, la carta publicada el pasado domingo 21 de junio por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. La carta pone en evidencia el escaso rigor de las administraciones públicas de nuestro país; que sabiendo que la mayoría de españoles está en contra de las guerras, y por consiguiente a favor de la paz y el amor (sentimientos propios del cristianismo), se empeñan en crear leyes que permitan el asesinato de seres inocentes, como es el caso de los nonatos (niños no nacidos). Esperamos desde este humilde rincón, que las palabras de nuestro cardenal sean capaces de hacernos a todos reflexionar sobre la lacra abortista que desgraciadamente fomentan los políticos en nuestro país.
El año 2007 se registraron en España cien mil abortos. Ante esta realidad, las Administraciones públicas y toda la sociedad hemos de dar mayor soporte y alternativas a cualquier maternidad ya iniciada, a toda vida humana ya existente, por medio de una acción positiva de ayuda y protección a las mujeres embarazadas –sobre todo si se encuentran con dificultades-, para que puedan llevar a término, con normalidad, el proceso de su maternidad y no sufran el trauma del aborto provocado.
El aumento de las cifras de abortos hace muy urgente el fomento de una cultura a favor de la vida. Actuar así es ser de verdad progresista. El aborto provocado no es progresista. Porque corresponde a la sociedad y a sus dirigentes, como afirma la encíclica de Juan Pablo II Evangelium Vitae, crear las condiciones necesarias para que no sólo se respete, sino que se estime la vida. No es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida. Sobre este derecho se fundamentan los demás. La sociedad –dijo también Juan Pablo II en la encíclica que he citado- no puede tener una sólida base si se contradice aceptando las fuentes más diversas de desprecio y violación de la vida humana.
La propuesta de nueva ley sobre el aborto que prepara el Gobierno central español es muy preocupante. Facilitar el aborto es renunciar a una justa valoración de la vida humana y renunciar a educar en el auténtico sentido de la sexualidad. Equivale a permitir que se siga banalizando la relación sexual, cuando el acto sexual nunca ha de ser un acto banal, sino que pertenece a la expresión del compromiso de amor entre los esposos. El proyecto de ley no ofrece recursos para ayudar a la madre a aceptar su maternidad y poder liberarse del trauma que para ella comporta decidir la eliminación de la vida que ha de nacer. La desprotección absoluta del nasciturus es incompatible con el derecho a la vida proclamado por la Constitución española.
El proyecto de ley, además, permite a menores de 16 años la posibilidad de abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de los padres. De ser aprobada, esta disposición conculcaría un contenido importante de la patria potestad en momentos muy delicados. Sería una intromisión del Estado en el terreno de los derechos de los padres y de la familia.
Ante el hecho de unas disposiciones legales que permitirán una mayor extensión de los abortos, hemos de afirmar que este hecho compromete gravemente la conciencia de todos los ciudadanos y en especial la de los legisladores. Ante situaciones como ésta, en que están implícitas exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano también ha de ser considerado irrenunciable. De manera especial, tenemos que recordar que los cristianos comprometidos en la vida política han de trabajar para que su actuación siempre esté al servicio de la promoción integral de la vida, de la persona y del bien común.
Pero en una cuestión de tanta trascendencia social como el respeto a la vida no podemos descargar toda la responsabilidad sobre los políticos. Ante opciones legislativas que afectan al sentido y a las garantías de los derechos fundamentales, es toda la sociedad la que ha de poder manifestarse recurriendo a los mecanismos de reflexión y de decisión que tiene una sociedad libre y democrática para tomar sus decisiones más graves, como sucede sin duda en el caso de las disposiciones legales sobre el aborto.
El año 2007 se registraron en España cien mil abortos. Ante esta realidad, las Administraciones públicas y toda la sociedad hemos de dar mayor soporte y alternativas a cualquier maternidad ya iniciada, a toda vida humana ya existente, por medio de una acción positiva de ayuda y protección a las mujeres embarazadas –sobre todo si se encuentran con dificultades-, para que puedan llevar a término, con normalidad, el proceso de su maternidad y no sufran el trauma del aborto provocado.
El aumento de las cifras de abortos hace muy urgente el fomento de una cultura a favor de la vida. Actuar así es ser de verdad progresista. El aborto provocado no es progresista. Porque corresponde a la sociedad y a sus dirigentes, como afirma la encíclica de Juan Pablo II Evangelium Vitae, crear las condiciones necesarias para que no sólo se respete, sino que se estime la vida. No es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida. Sobre este derecho se fundamentan los demás. La sociedad –dijo también Juan Pablo II en la encíclica que he citado- no puede tener una sólida base si se contradice aceptando las fuentes más diversas de desprecio y violación de la vida humana.
La propuesta de nueva ley sobre el aborto que prepara el Gobierno central español es muy preocupante. Facilitar el aborto es renunciar a una justa valoración de la vida humana y renunciar a educar en el auténtico sentido de la sexualidad. Equivale a permitir que se siga banalizando la relación sexual, cuando el acto sexual nunca ha de ser un acto banal, sino que pertenece a la expresión del compromiso de amor entre los esposos. El proyecto de ley no ofrece recursos para ayudar a la madre a aceptar su maternidad y poder liberarse del trauma que para ella comporta decidir la eliminación de la vida que ha de nacer. La desprotección absoluta del nasciturus es incompatible con el derecho a la vida proclamado por la Constitución española.
El proyecto de ley, además, permite a menores de 16 años la posibilidad de abortar sin el conocimiento ni el consentimiento de los padres. De ser aprobada, esta disposición conculcaría un contenido importante de la patria potestad en momentos muy delicados. Sería una intromisión del Estado en el terreno de los derechos de los padres y de la familia.
Ante el hecho de unas disposiciones legales que permitirán una mayor extensión de los abortos, hemos de afirmar que este hecho compromete gravemente la conciencia de todos los ciudadanos y en especial la de los legisladores. Ante situaciones como ésta, en que están implícitas exigencias morales fundamentales e irrenunciables, el testimonio cristiano también ha de ser considerado irrenunciable. De manera especial, tenemos que recordar que los cristianos comprometidos en la vida política han de trabajar para que su actuación siempre esté al servicio de la promoción integral de la vida, de la persona y del bien común.
Pero en una cuestión de tanta trascendencia social como el respeto a la vida no podemos descargar toda la responsabilidad sobre los políticos. Ante opciones legislativas que afectan al sentido y a las garantías de los derechos fundamentales, es toda la sociedad la que ha de poder manifestarse recurriendo a los mecanismos de reflexión y de decisión que tiene una sociedad libre y democrática para tomar sus decisiones más graves, como sucede sin duda en el caso de las disposiciones legales sobre el aborto.
+ Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arzobispo de Barcelona
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