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jueves, 10 de mayo de 2012

El gobierno español no modificará el acuerdo con la Santa Sede sobre la exención del IBI de la Iglesia.



Desde la encomienda de Barcelona queremos compartir con todos vosotros una noticia que fue publicada ayer miércoles y que habla sobre la polémica que ha suscitado días atrás la petición por parte de algunos políticos españoles, en pedir que se acabe con el privilegio de que la Iglesia no tenga que pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) al Estado.

Fotografía del comunista Gaspar Llamazares, impulsor de la idea.
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El director de Cooperación Jurídica y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Ángel Llorente Fernández de la Reguera, ha asegurado que no ve razón “fundada” para modificar el Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede en 1979 ni la Ley de Mecenazgo 49/2002 que establece que la Iglesia católica está "exenta" de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Llorente profundiza así en la respuesta que ya le dio el Gobierno a una pregunta formulada por el diputado de IU Gaspar Llamazares sobre el pago del Impuesto de bienes Inmuebles (IBI) por la Iglesia Católica. El Ejecutivo de Rajoy respondió al diputado comunista afirmando que ve “innecesario” elaborar un censo de bienes inmuebles de la iglesia Católica para que ésta pague el correspondiente impuesto inmobiliario como el resto de los ciudadanos.

 “Tal censo es innecesario, habida cuenta que tales bienes estarán inscritos a favor de la entidad de la Iglesia Católica que corresponda y serán los ayuntamientos los que deberán girar el correspondiente impuesto y la Iglesia justificar, en su caso, la exención correspondiente”, sentencia el Ejecutivo en una respuesta a la que tuvo acceso Servimedia.

En su réplica, el Gobierno explicó a Llamazares que el artículo 62.1.c del texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales establece que, entre otros, están exentos de pagar el IBI los inmuebles de la Iglesia Católica, en los términos previstos en Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, suscrito el 3 de enero de 1979.

Zaragoza cobrará parte del IBI a la Iglesia

El director de Cooperación Jurídica y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Ángel Llorente Fernández realizó sus declaraciones coincidiendo con el anuncio por parte del Ayuntamiento de Zamora de que cobrará el IBI a algunos edificios de la Iglesia no incluidos en la Ley de Mecenazgo ni en los Acuerdos con la Santa Sededecisión a la que han llegado tras la revisión y actualización de los padrones.

En una entrevista concedida a Europa Press, Llorente Fernández ha asegurado que la respuesta del Gobierno ante las "muchas preguntas parlamentarias promovidas por algún grupo político" al respecto del pago del IBI por la Iglesia, va a ser el mantenimiento de la regulación actual y de una legislación que, según ha explicado, se remonta al año 1979 y que ningún gobierno ha modificado hasta el momento. "No hay en principio razón que nosotros consideremos fundada para modificar esa situación", ha remarcado.

Llorente ha afirmado que "se aplica la ley" y ha recordado que España "no se puede entender sin referencia al cristianismo" y "al papel que ha tenido la Iglesia". En esta línea, ha subrayado que existe un marco que ha funcionado "muy bien" y que, si ningún Ejecutivo ha querido modificarlo es "porque la regulación es satisfactoria y no hay una alternativa que pueda verse como algo mejor".

Además, ha precisado que el Acuerdo del Estado español con la Santa Sede es un convenio internacional, un "contrato entre dos partes", que "no se puede incumplir ni por parte de la Santa Sede ni del Gobierno". En cualquier caso, ha señalado que podría denunciarse, renegociarse o dejarse sin efecto, pero ha insistido en que "no hay motivos" para hacerlo.

Concretamente, ha indicado que el planteamiento de quitar privilegios a la Iglesia "no es correcto" pues, según ha indicado, "no son privilegios sino el resultado de una negociación" y, en todo caso, a su juicio, debería pedirse lo contrario, es decir, "tratar que se equiparen los derechos de las personas de otras confesiones con la Iglesia Católica".


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